El exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Carlos Alberto Gómez Chacón es investigado por un supuesto detrimento patrimonial de $20 millones.

 La Procuraduría General de la Nación, PGN, alertó sobre una posible prescripción de la investigación al exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Carlos Alberto Gómez Chacón, por un presunto detrimento patrimonial de $20 millones.

Para la delegada del ente disciplinario en la audiencia de acusación que se había fijado ayer ante el juez primero penal del circuito de conocimiento de Armenia, era necesario que se llevará a cabo la actuación procesal porque la nueva fecha tardará casi un año —5 de julio de 2022—.

La funcionaria le indicó al juez que el proceso empezó desde el 2007, cerca de 14 años atrás, y darle uno más, podría generar prescripciones procesales en la indagación por los delitos de falsedad en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y otros a Gómez Chacón, Ricardo Pabón Gutiérrez, Óscar Enríquez Hurtado y Ricardo Vera Castro, exfuncionarios y oferentes de un convenio cercano a los $400 millones.

Para la Fiscalía, presuntamente, en el año 2006, cuando Gómez Chacón era el director de la autoridad ambiental, hubo una mala ejecución del proceso porque se hicieron desembolsos en diciembre del 2006, último mes de la gestión del funcionario en la CRQ, es decir, a juicio del ente investigador, faltó planificación.

Para la Fiscalía General de la Nación, FGN, hubo una supuesta corrupción en la adquisición de jaulas metálicas para codornices con un empresario de Sevilla, Valle del Cauca, con lo cual se buscaba garantizar un programa de seguridad alimentaria en Quindío el cual beneficiaría a 1.600 familias, 7.456 personas del Sisbén 1 y 2, que vivían en las zonas rurales de los 12 municipios del Quindío.

Sin embargo, el proceso investigativo tuvo un retraso de más de 10 años por procedimientos que derivaron en que el caso ni siquiera fuera llevado por un fiscal del Quindío, sino por uno de Caldas, tras su paso por Risaralda donde tampoco hubo un funcionario que se encargara de adelantar de manera pronta las pesquisas correspondientes.

Cabe señalar que en el 2011, la entidad no pudo realizar la formulación de imputación ante el juez primero penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, por la falta de un representante de las víctimas que en este caso es la CRQ y, apenas el año pasado, el exdirector fue vinculado de manera formal al proceso indagatorio en una imputación. 

El convenio se ejecutó

En su defensa, Carlos Alberto Gómez Chacón manifestó que el convenio sí se ejecutó pero que, para él, su sucesor en el cargo, no quiso recibir ni las jaulas ni las codornices.

“El convenio tenía también como características las implementaciones de unas huertas, de un proceso de sostenibilidad alimenticia que se llevó a cabo. Estamos pendientes del avance del proceso para desvirtuar los cargos que allí hay. Eso fue una queja que instauró un exdirector y este tema es supremamente viejo que lo remueven cuando hay  elecciones o campañas políticas”.

Sobre su actuación reiteró: “El convenio que se hizo entre la CRQ, la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, la gobernación del Quindío, y la Federación Nacional de Cafeteros para adelantar el programa de seguridad alimentaria se ejecutó de manera satisfactoria para las familias campesinas del departamento”.

Según la normatividad colombiana se determinan los tiempos para las Prescripciones jurídicas en los siguientes términos:

Falsedad ideológica en documento público: artículo 286 código Penal, término de prescripción 12 años.

Peculado por apropiación: artículo 397 código Penal, término de prescripción 20 años.

Interés indebido en la celebración del contrato: artículo 409 código Penal, término de prescripción 18 años.

Es de resaltar que, como lo manifiesta la ley, se dan nuevos términos desde el día siguiente de la formulación de imputación los cuales corren, pero en la mitad de lo estipulado para vencerse.

En este caso, por el primer delito son 6 años, el siguiente son 10 años y por el interés son 9 años.